La representante de la asociación U-MANOS, Fiorella Mattos, informó que en la actualidad siguen llegando casos referidos a violencia física y psicológica en contra de la mujer arequipeña, situación que se agrava con el pasar de los años.
En un ejemplo, la dirigenta social informó que existe un caso que lleva más de 6 años y a la fecha no se obtiene justicia en favor de una madre del distrito de Sabandía al ser impedida de poder observar y tratar con sus menores hijos.
“El padre no cumple con los regímenes de visita, no deja que la mujer pueda ver a sus hijos y esto representa un dolor muy grande, es agresión psicológica. Este señor ganó la tenencia de los menores”, señaló.
Matos indicó que la mayoría de los trámites referidos a dicha problemática se dilatan y no se da el interés por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial de Arequipa.
“Mira, este caso está en la Fiscalía de la Familia de Paucarpata, cuánto tiempo y a la fecha nada. El motivo es que el mismo juez archivó el tema al desconocerlo, luego lo volvió a abrir y a los fiscales no les da la gana de investigar”, señaló.
ATENDIDOS. Durante este año ingresaron 14 540 denuncias por agresión en contra de mujeres e integrantes del grupo familiar a los juzgados de la región. Estas instancias han emitido 12 278 medidas de protección y en 399 casos severos, las mismas fueron acompañadas con la instalación del aplicativo Botón del Pánico, una herramienta con la que las víctimas pueden pedir auxilio a la Policía.
No obstante, 20 víctimas de violencia familiar reportaron que la Policía no prestó ayuda inmediata ante hechos reincidentes de sus agresores, pese a que contaban con estas medidas de protección emitidas por los jueces del Módulo de Justicia de Protección de Víctima de Violencia Familiar de Arequipa.
ÚLTIMO REPORTE. La Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó ayer medidas de protección en tres casos graves de violencia familiar para los cuales recurrió a intérprete de señas y un traductor de quechua para la notificación de estas disposiciones que salvaguardarán la integridad física y psicológica en favor de una trabajadora municipal que presenta una discapacidad auditiva que era objeto de acoso sexual por parte de un compañero de trabajo.
En este caso, fue necesaria la intervención del intérprete de señas Tito Guillén Cáceres para comunicar la decisión judicial a la trabajadora municipal.
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