El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Alfredo Álvarez Díaz, emitió su pronunciamiento referido al decreto legislativo del Ejecutivo que aumenta la pena privativa de la libertad de 12 a 30 años a las personas con sentencia por robo de celulares. Señaló que dicha medida no sería la solución y que solo generaría el aumento de la carga en juzgados, así como el hacinamiento de reos en penales.
El abogado propuso al Gobierno centrarse en medidas efectivas, tales como un pago o resarcimiento económico por el hecho delictivo, ya que habría delincuentes con familia impedidos a trabajar durante 12 años. Es decir, comprar su libertad o reducción de pena a cambio de dinero estipulado en norma.
“Vamos a tener juzgados sobrecargados en procesos, vamos a tener legislación muy variada, en algunos casos expulsaremos extranjeros en otros no. Habrán problemas graves, ¿no es mejor una sanción económica”, detalló.
Alegó un posible colapso del sistema de justicia. Como se sabe, en la actualidad el penal de Socabaya supera el 117 % de su capacidad total.
CUESTIONA DECISIONES. Álvarez Díaz indicó también que en el 70 % de las cortes de justicia del país sería una constante la contratación de jueces provisionales. Para el letrado este hecho dejaría al margen en popular proceso de selección por la Junta Nacional de Justicia, actividad que contaría con un mayor grado de transparencia.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
