En el último trimestre del 2023, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), con total seguridad, decidió resolver el contrato con Cobra, empresa a cargo de la ejecución de Majes Siguas II, para proponer el inicio de un arbitraje de derecho nacional en la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez junto a sus asesores, abogados y técnicos de Autodema, concluyeron que esta sería la decisión acertada.
No obstante, el último 18 de junio del 2024, el Centro de Arbitraje de la CCL emitió el laudo final al proceso n.° 0440-2023 fallando en contra del GRA y obligando a pagar a la entidad regional cerca de S/750 mil a tipo de cambio por gastos administrativos incurridos por la Concesionaria Angostura en un fallido inicio de un arbitraje doméstico por la entidad de Sánchez Sánchez.
Luego que el tribunal local se declarara incompetente para llevar este proceso, este ahora será derivado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) situado en Washington (Estados Unidos). En este solo tendrá participación el Gobierno del Perú. Es decir, el Ejecutivo de Dina Boluarte Zegarra, mediante su Procuraduría General y otras áreas técnicas deberá seguir el proceso siempre y cuando no exista arreglo previo entre ambas partes (GRA y Cobra).
A este pago que deberá hacer el GRA se suma los gastos de S/90 mil que ya pagó la entidad y los contratos por locación que se vieron en Autodema de profesionales expertos en temas arbitrales. “Como arequipeño y consejero, me siento indignado, porque se advirtió, se evaluó esta situación desde mi despacho junto a mi equipo y hoy exijo saber cómo se pagará esta penalidad a Cobra. El GRA estuvo seguro de ganar, es frustrante”, señaló el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Fernando Cornejo.
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