Reconstruir el daño que causaron los manifestantes en las sedes del Poder Judicial en provincias, tras las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte, tendrá un costo superior a los 300 millones de soles, según precisó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César de la Cuba Chirinos.
A nivel del sur del país, fueron 7 las sedes que fueron quemadas por los huelguistas. En Arequipa dos sufrieron daños, hablamos de El Pedregal (Caylloma) y Camaná.
“En ambos casos los seguros ya han operado, ya hubo una transacción con la aseguradora, el arreglo en la infraestructura solo tiene un costo de 241 millones de soles en El Pedregal y en Camaná son alrededor de 41 millones de soles y esto sin contar equipos”, aseveró.
Los trabajos iniciaron en ambas sedes y se espera que en los próximos 60 días estén funcionando. De la Cuba Chirinos aseguró que los servicios no se detuvieron a causa de los incidentes, por el contrario, los jueces y servidores continúan laborando de manera presencial y remota.
“Se ha continuado con los juicios, lo que habla también de la alta identificación que tenemos”, precisó. Con respecto a los archivos que se dañaron, el presidente de la Corte Superior de Justicia mencionó que son más de 800 expedientes físicos perdidos. No obstante, se ven aliviados porque los archivos digitales se pudieron recuperar, gracias a la data que se tienen cautelada. Cabe precisar que muchos de los documentos pertenecen al área penal y de violencia.
CONCURSO PÚBLICO. De otro lado, De la Cuba Chirinos expresó su solidaridad con los 228 servidores judiciales que han sido cesados el 31 de enero por disposición del consejo ejecutivo del Poder Judicial. Resaltó que se llevará a cabo un concurso público, que permitan cubrir estas plazas vacantes de manera inmediata.
“Estamos verificando la situación de cada servidor cesado de manera que no se afecten derechos laborales, nuestra prioridad es revalorar el recurso humano y en ese sentido, se está procurando concluir de manera urgente con el saneamiento de las plazas vacantes para proceder conforme a ley”, mencionó.
Asimismo, reconoció que esta situación reduce la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales, especialmente del Sistema Especializado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y por tanto la capacidad de respuesta a los requerimientos de justicia.
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