Si un menor queda huérfano tras la muerte de su madre, víctima de feminicidio, y no tiene familiares que acepten cuidarlo, es enviado a un albergue ya sea público o privado. En el lugar le brindan alimentación, vivienda, velan por su salud y educación. Sin embargo, en Arequipa los encargados de dichas casas se sienten abandonados por las autoridades.
La presidenta de la red de 30 albergues de Arequipa, Sandra Meza, lamentó que los gobiernos nacional y regional no visualicen las necesidades del grupo vulnerable. Informó que en los locales que administra atienden a cerca de 10 víctimas indirectas de feminicidio de un total de 1200 niños y adolescentes que son huérfanos o están en situación de desprotección familiar.
En dichos establecimientos los albergados reciben alimentación, educación, velan por su salud y otras necesidades básicas. Meza sostiene que por cada niño invierten 600 dólares al mes. Esto incluye el pago de las cuidadoras, psicólogos, mantenimiento de los lugares. El 80 % de los gastos son cubiertos por donaciones (empresas, ciudadanos, ONG). Pero, no alcanza. En la red de 30 albergues, la mayoría son privados y cinco son públicos, informa Meza.
Según la Defensoría del Pueblo, este año de los 27 huérfanos que dejaron los 18 casos de feminicidio en Arequipa, solo un menor fue derivado al Centro de Atención Residencial (CAR) Casa Isabel, el resto está con sus familiares.
GRA DESPREOCUPADO. Personal de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social realiza el seguimiento y da asistencia a solo seis familias de los 18 feminicidios de la región, la intervención fue programada desde la última quincena de octubre, según la gerenta del área, Erika Cuba Díaz.
Sin embargo, el resultado es mínimo, la funcionaria aseguró que es difícil llegar a estas víctimas y que algunas se niegan a recibir el apoyo del Estado. Explica que no insisten en dar los beneficios que les corresponden porque teme hacerles ‘recordar el dolor’ de perder a su madre. Confirmó que su gerencia evita acercarse a los afectados.
“Los niños están con sus familiares directos, abuelitos, tíos. Cuando acudimos a sus hogares nos abren menores o simplemente no están. Es muy difícil llegar a ellos”, sostuvo Cuba Díaz.
No obstante, este mes, se comprometió a dar asistencia a las doce familias restantes.
LA CRITICAN. Estas declaraciones fueron criticadas por el decano del Colegio de Psicólogos, César Abarca, quien exhortó a saber cómo llegar a los afectados y no dejarlos abandonados. Además, el especialista dejó en claro que los menores que perdieron a su madre a causa de un feminicidio deben recibir tratamiento psicológico obligatoriamente, ya que el dolor puede desencadenar en depresión. Por su parte, la representante de Umanos, Fiorella Matos, pidió que se atiendan a los familiares porque pueden darle fin a sus vidas. “Las autoridades no deben temer atender a la víctima, deben ir a darles mucha fuerza, es su obligación salvarlos de las consecuencias de perder a una madre de la manera más atroz“, puntualizó.
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