El Poder Judicial de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva contra Mayra Urcia Meléndez, acusada de exigir 10 mil soles a su propio padre bajo amenazas de muerte, en un caso que pone en evidencia la creciente incidencia de la extorsión incluso dentro del entorno familiar.
La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú, al considerar la gravedad de los hechos y los elementos presentados por la Fiscalía. Según informó la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la investigada afronta cargos por extorsión agravada.
De acuerdo con la investigación judicial, la joven habría exigido el dinero a su progenitor a cambio de no atentar contra su vida ni su integridad física. Para evitar ser vinculada directamente al cobro, presuntamente solicitó que el monto fuera transferido a la cuenta bancaria de una amiga, maniobra que reforzó la imputación fiscal.
Este caso se produce en un escenario nacional marcado por el incremento sostenido de la criminalidad. Hasta el 27 de diciembre de 2025, el país registró 25 196 casos de extorsión, un 20 % más que el año anterior, mientras que los homicidios alcanzaron 2451 víctimas, cifras que condicionaron las políticas de seguridad de los gobiernos de Dina Boluarte y su sucesor, José Jerí.
Aunque la llegada de Jerí a la presidencia trajo un nuevo enfoque con estados de emergencia y operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas, las denuncias por extorsión continúan, especialmente en sectores vulnerables como el transporte público. En ese contexto, la prisión preventiva dictada en Virú se suma a una serie de procesos que reflejan la profundidad del problema y los desafíos persistentes del Estado frente al crimen organizado y la violencia social.
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