El asesinato de tres personas en una bocamina de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, volvió a encender las alarmas sobre la violencia ligada a la minería ilegal y la falta de control estatal en zonas declaradas en emergencia. El hecho, ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre, ha generado fuertes cuestionamientos a la empresa minera vinculada al yacimiento y a las autoridades responsables de garantizar la seguridad y la respuesta oportuna ante crímenes de esta magnitud.
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, cuestionó duramente que la empresa no haya comunicado de inmediato el ataque a la Fiscalía, pese a que —según la propia versión empresarial— el hecho ocurrió en horas de la madrugada. “Si esto ocurrió en la madrugada del 31, ¿por qué no se informó de inmediato? ¿En qué momento se comunicó al Ministerio Público?”, expresó el burgomaestre, quien remarcó que la falta de transparencia genera más dudas que respuestas.
El alcalde también afirmó que durante todo el 31 de diciembre no se registró presencia fiscal en la zona y que recién al mediodía del 1 de enero se tuvo conocimiento de alguna acción oficial. Para Mariños, esta demora evidencia fallas graves en los protocolos de emergencia y pone en entredicho la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado frente al avance del crimen organizado en la región.
Asimismo, el burgomaestre cuestionó el impacto real del estado de emergencia vigente en Pataz. Pese al despliegue de más de mil efectivos policiales y una inversión superior a los 55 millones de soles, la violencia no ha disminuido. “Tenemos 52 asesinatos solo en Pataz durante el 2025. ¿De qué ha servido el estado de emergencia si la población sigue desprotegida?”, reclamó, señalando que las restricciones afectan más a los ciudadanos que a las organizaciones criminales.
Finalmente, Mariños exigió una respuesta directa del Gobierno central y del presidente, a quien instó a visitar la zona y escuchar a la población. “No queremos más reuniones simbólicas ni anuncios. Queremos presencia real del Estado, acciones concretas y justicia para las víctimas”, enfatizó, mientras la población de Pataz sigue esperando respuestas frente a una violencia que no da tregua.
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