El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que Erick Moreno Hernández, alias “El monstruo”, será trasladado al centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, tras determinarse su alta peligrosidad y riesgo significativo para el sistema penitenciario.
La medida se adopta luego de una evaluación técnica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y busca garantizar el orden interno y la seguridad pública.
Según la presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez Tejada, la decisión responde a un análisis riguroso de riesgo.
“Reúne plenamente los criterios de alta peligrosidad (…) por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”, señaló.
El traslado a la Base Naval del Callao se ejecutará en las próximas horas de este 29 de enero, como parte de las directrices de la Junta de Clasificación del INPE.
El ministro Walter Martínez también se pronunció y destacó medidas complementarias para asegurar la legalidad del proceso.
“Lo que se hace con la Defensa Pública Penal es asegurar que los procedimientos continúen sin dilaciones y sin la posibilidad de que a posterior pueda haber cuestionamientos del proceder de las autoridades judiciales”, indicó.
El titular del sector Justicia añadió que se asignó un defensor público al interno para evitar dilaciones y mantener la continuidad del procedimiento penal.
MONSTRUO. Erick Moreno fue extraditado desde Paraguay para responder por secuestro, organización criminal y extorsión agravada, además de una condena de 12 años por robo agravado.
Llegó a Perú tras ser capturado el 24 de septiembre de 2025 en dicho país, en cumplimiento de órdenes de captura y procesos de extradición gestionados por el Ministerio de Justicia.
Con este traslado, las autoridades refuerzan la estrategia de seguridad penitenciaria, enfatizando la importancia de ubicar a internos de alta peligrosidad en centros diseñados para minimizar riesgos y mantener el control.
La medida también busca prevenir posibles actos de violencia dentro del sistema carcelario y asegurar que los procesos judiciales sigan su curso sin interrupciones ni cuestionamientos legales.
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