Se terminó el período 2023-2024 en el Congreso y los seis parlamentarios que ‘representan’ Arequipa, solo tienen nueve proyectos de leyes aprobados, de los 174 que presentaron en total durante un año. Dos de ellos: María Agüero y Edwin Martínez, no lograron que ni una de sus iniciativas prospere y se quedaron en las comisiones.
Es menester precisar que los 130 legisladores deben entregar su informe anual de gestión parlamentaria, que detalla las propuestas de leyes, trabajo de fiscalización y semana de representación.
Sin embargo -a la fecha- de los seis congresistas por Arequipa, solo cuatro cumplieron en transparentar su labor, mientras que Edwin Martínez y Alex Paredes, aún no lo hicieron.
Revisando los informes presentados, en cuanto a proyectos de ley la congresista que lidera es la perulibrista María Agüero con 54 propuestas, empero ni una de ellas se aprobaron y 44 apenas están en comisión, que es el primer lugar a donde llega una iniciativa legislativa.
En una entrevista anterior que Diario Viral hizo a la perulibrista se le cuestionó por qué no tenía leyes promulgadas y su respuesta fue culpar a sus colegas de las bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación, entre otros.
“Tenemos una mayoría congresal que es de derecha y el Congreso es de votos (...) ellos son mayoría e impiden que mis proyectos sean votados en el pleno”, refutó.
Misma situación es la de Edwin Martínez quien tiene 15 propuestas y ninguna aprobada.
Mientras que su colega, Esdras Medina (Renovación Popular) propuso 41 proyectos y solo uno se aprobó y publicó en El Peruano. Se trata de la ley n.° 32033 que garantiza y promueve el acceso y uso a los medicamentos genéricos en denominación común internacional.
Por su parte, Alex Paredes consiguió que cinco de sus 48 proyectos de ley sean promulgados. Entre ellas, la norma que modifica las contrataciones públicas.
La legisladora de Avanza País, Diana Gonzales, presentó seis iniciativas y una de ellas se aprobó, que es la ley que modifica el código de protección y defensa del consumidor a fin de simplificar el acceso a los procedimientos de baja y suspensión de servicios públicos.
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