La organización de derechos humanos Human Rights Activists (HRANA) informó que entre el 5 y el 14 de enero de 2026 se ejecutó al menos a 52 personas en 42 prisiones de Irán, en un contexto marcado por protestas nacionales, un bloqueo generalizado de internet y severas restricciones al acceso a la información pública.
De acuerdo con el reporte, las ejecuciones se aplicaron principalmente a personas condenadas por cargos de asesinato y delitos relacionados con drogas. HRANA advirtió que las sentencias se ejecutaron mientras la supervisión independiente de los procesos judiciales era prácticamente inexistente, lo que dificulta verificar el cumplimiento de garantías legales mínimas.
Entre el 5 y el 12 de enero se confirmaron al menos 37 ejecuciones en distintas provincias. Solo el 10 de enero, dos presos fueron ejecutados en la prisión de Karaj por delitos de drogas y tres más en Aligudarz por asesinato. El 11 de enero se reportaron nuevas ejecuciones en Bandar Abbas, y el 12 otras cuatro en Isfahan. Para el 14 de enero, al menos cinco personas más fueron ejecutadas por cargos de homicidio, mientras la ONG continúa verificando la identidad de siete prisioneros.
El informe de HRANA se difundió cuando las protestas en el país cumplían veinte días. Al cierre de ese periodo, se registraron 3.090 muertes confirmadas y 3.882 casos adicionales en revisión, además de 2.055 personas con lesiones graves y 22.123 arrestos. El país permanece bajo un bloqueo nacional de internet y con una intensificación de la represión judicial y de seguridad.
En el plano internacional, aumentaron las reacciones diplomáticas y la presión política sobre Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la presión externa evitó la ejecución de más de 800 personas y llamó a detener la violencia contra los manifestantes. En respuesta, el gobierno iraní rechazó la declaración del G7, calificándola de “intervencionista”, y defendió su actuación bajo argumentos de seguridad y legalidad.
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