El 20 de diciembre de 1924, Adolf Hitler salió en libertad de la prisión-fortaleza de Landsberg tras cumplir apenas ocho meses de una condena de cinco años por intentar derrocar a la República de Weimar. Lejos de quebrarlo, el encierro —con condiciones privilegiadas— le permitió reorganizar su proyecto político, dictar Mein Kampf y capitalizar la notoriedad que le dio un juicio convertido en tribuna ideológica.
El fallido Putsch de la Cervecería (noviembre de 1923) había terminado con muertos en las calles y la huida de su cabecilla. Sin embargo, el proceso judicial fue indulgente: un tribunal afín a la derecha minimizó los cargos, elogió el “patriotismo” del acusado y evitó su deportación. La sentencia benigna —y luego conmutada— fue duramente criticada por la prensa, pero ya había hecho su efecto político.
Antes del golpe, Hitler había ascendido con rapidez desde su ingreso al Partido Obrero Alemán en 1919. Su talento oratorio lo llevó a dominar la propaganda, fundar el NSDAP y redactar un programa de 25 puntos que incorporó milicias paramilitares, racismo y antisemitismo, anticipando la violencia estatal que vendría. Para 1921, ya ejercía un liderazgo sin contrapesos dentro del partido.
Escarmentado por el fracaso insurreccional, el líder nazi decidió cambiar de táctica: competir en elecciones. El viraje fue gradual pero eficaz. De una fuerza minoritaria en 1928, el NSDAP pasó a ser decisivo en 1932. En 1933, presiones conservadoras lograron su nombramiento como canciller; meses después, tras el incendio del Reichstag, consolidó el poder absoluto.
Durante el Tercer Reich, la celda de Landsberg se convirtió en santuario del régimen. Tras la derrota alemana, las fuerzas aliadas desmantelaron ese espacio para evitar su culto. Hoy, sin acceso turístico, queda como recordatorio de una advertencia histórica: cuando la justicia falla y la política subestima el extremismo, las consecuencias pueden ser devastadoras.
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