El debate sobre la edad adecuada para que los adolescentes ingresen a las redes sociales volvió al centro de la agenda pública luego de que la Asamblea Nacional de Francia aprobara un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y restringir el uso de teléfonos móviles en institutos de secundaria. La medida responde a la creciente preocupación por los efectos del entorno digital en la salud psicofísica de los jóvenes.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Emmanuel Macron y la diputada Laure Miller, y obtuvo 130 votos a favor y 21 en contra, aunque aún debe ser evaluada por el Senado para convertirse en ley. Macron defendió el proyecto al señalar que los sueños y expectativas de los jóvenes no deben estar condicionados por algoritmos ni por intereses de plataformas extranjeras.
Las autoridades francesas sustentan la propuesta en informes oficiales que advierten sobre consecuencias negativas del uso intensivo de redes sociales, como alteraciones del sueño, deterioro del bienestar emocional, conductas adictivas y exposición al ciberacoso y a contenidos violentos. El ministro de Educación, Edouard Geffray, respaldó la iniciativa y afirmó que restricciones similares aplicadas desde 2018 en otros niveles educativos mostraron resultados positivos en el aprendizaje.
El proyecto francés se inscribe en una tendencia internacional. Países como Australia ya limitaron el acceso a redes sociales para menores de 16 años, con sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma, mientras que Malasia y otros Estados europeos evalúan medidas similares. Además, la legislación deberá adecuarse al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea.
Especialistas en salud mental coinciden en que la sobreexposición digital en edades tempranas incrementa los riesgos de ansiedad, depresión y problemas de autoestima, y subrayan la necesidad de una intervención adulta activa. En ese sentido, destacan que el entorno familiar y la supervisión responsable siguen siendo claves para prevenir daños, mientras Francia se suma al debate global sobre cómo proteger el bienestar juvenil frente al avance de la tecnología.
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