Siete meses pasaron desde el abusivo desalojo que sufrió el canillita Quintín Laura Chambi, de 76 años, al soportar el arrebato de su quiosco de periódicos por trabajadores de la municipalidad de Socabaya sin importarles que padece de una discapacidad física. A raíz de este acto, la Contraloría se pronunció y calificó esta intervención como un “procedimiento administrativo incorrecto”.
Mediante informe de acción posterior n.° 001-2024-2-1313 publicado el último 6 de febrero, se conoció que el área de Fiscalización de la comuna habría cometido un error al sancionar y retirar de su puesto de trabajo a Laura Chambi, a quien se acreditó la categoría de comerciante ambulante, cuando el adulto mayor se rige de la Ley n.° 31344, norma que regular las actividad públicas de este oficio de venta de periódicos y revistas.
“La Ordenanza Municipal n.° 264 calificó la labor de comercio ambulatorio a los canillitas, cuando es una labor ajena e independiente. Esta requiere mecanismos propios de orden, registro, salubridad, espacios, etc. El municipio no cuenta con este marco legal de fiscalización al canillita que permita imponer sanciones”, se lee en el documento.
El ente de control también cuestionó la intervención liderada por el gerente de Desarrollo Económico Local de Socabaya, René Camargo López, quien levantó procedimiento sancionador por infracciones al comercio ambulatorio, cuando la labor de Laura tiene otro parámetro.
RESPONDE ALCALDE. Al estilo de Poncio Pilatos, el alcalde Roberto Muñoz indicó que este tema es de competencia de Camargo. Alegó que este informe pasará al área correpondiente para el deslinde de responsabilidades.
“Hay que esperar el informe, la acción de los funcionarios la ley los ampara. Los canillitas saben que estas normas vienen de la anterior gestión. Me preguntas cosas técnicas, eso lo debe responder el funcionario (Rene Camargo). La Contraloría busca información (...) la familia de Laura por qué me tendría que denunciar a mí por abuso de autoridad, hay áreas correspondientes”, sostuvo.