La candidatura de Antonio Zavala Vega a la alcaldía distrital de Paucarpata se encuentra bajo una severa sombra de duda debido a su controvertido historial legal y los compromisos no cumplidos que arrastra. Su perfil político queda fuertemente cuestionado no solo por sus pretensiones de gestión pública, sino por el cúmulo de expedientes penales e investigaciones que lo vinculan a presuntos delitos.

El registro del Ministerio Público revela que Zavala Vega ostenta la condición de imputado en diversos procesos de gravedad. En un mismo caso con fecha 30 de octubre del 2023 en la carperta, n° 01506015500-2016-000255-00-01 en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Allí figura con el registro de cuaderno de ejecución de sentencia pendiente. Es decir, expediente separado en etapa de cumplir lo dispuesto por el juez por delitos de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado), tráfico de influencias, falsedad ideológica, negociación incompatible y omisión de denuncia. 

DENUNCIADO. A este historial fiscal se suma una investigación formalizada en la sede policial de Paucarpata tras una denuncia registrada en febrero del 2023 por S.Y.N.B., en representación de APDAYC. La acusación radica en la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales por la difusión y comunicación de obras sin autorización del autor.

A la par de sus líos judiciales, Zavala afronta duras críticas por su rol como representante legal del proyecto inmobiliario Ciudad Salaverry. Desde 2019, la iniciativa prometió la entrega de lotes a más de 1800 socios que aportaron entre S/28 000 y S/36 000.

Sin embargo, la promesa de entrega fijada para 2021 quedó truncada debido a que los terrenos colindantes estaban vinculados al Ejército Peruano.