Un total de 154 armas blancas artesanales, drogas y teléfonos celulares fueron incautados durante una megarequisa realizada la madrugada del martes 3 de noviembre en el penal de Socabaya, en Arequipa.
La intervención, ejecutada por la Policía, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público, se desarrolló dos días después del atentado con explosivo contra el establecimiento penitenciario, que dejó dos personas heridas y puso en evidencia graves problemas de seguridad.
OPERATIVO. El operativo comenzó a las 4:00 de la madrugada en los pabellones C y D, bajo la dirección del jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, coronel PNP Percy Torres Romero.
Durante la inspección, se encontraron 154 armas punzocortantes de fabricación artesanal, entre cuchillos, punzones y tijeras.
También decomisaron 150 ketes y aproximadamente 130 gramos de pasta básica de cocaína (PBC), 20 gramos de clorhidrato de cocaína y siete envoltorios de marihuana.
Los efectivos también incautaron tres teléfonos celulares, nueve cargadores artesanales, cinco cables, 40 cigarros de tabaco, 18 encendedores y cuatro controles remotos.
Las sustancias ilícitas quedaron a disposición del Área Antidrogas (Areandro), mientras que los equipos celulares fueron derivados al Área de Investigación de Extorsiones para determinar si fueron utilizados en actividades delictivas.
ATENTADO. La requisa ocurrió después del atentado registrado el domingo 1 de noviembre, cuando dos sujetos que llegaron en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la garita de vigilancia del penal de Socabaya. La detonación hirió a un trabajador del INPE y a una visitante.
Tras el ataque, las autoridades encontraron un manuscrito que acusaba a determinados internos de cometer presuntas extorsiones y agresiones.
El documento contenía una amenaza contra el personal penitenciario: “Vamos a matar uno a uno a los trabajadores del INPE que encontremos por permitir sus abusos”.
Ante ello, el INPE dispuso la suspensión temporal de visitas y reforzó la vigilancia con cuatro efectivos adicionales después de la explosión.
Asimismo, las investigaciones preliminares apuntan a una presunta disputa entre grupos de internos por el control del establecimiento penitenciario.
La Policía y el Ministerio Público deberán esclarecer el origen de las armas y drogas incautadas, identificar a los responsables de su ingreso y determinar si existe alguna relación entre los objetos decomisados y las amenazas vinculadas al reciente atentado.