Mediante informe n.° 038-2024-2-0359, la Contraloría General reveló presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Islay con la ejecución de dos mantenimientos correctivos a vehículos, los cuales no fueron ejecutados por proveedores de acuerdo a los términos de referencia, hecho generó que la entidad liderada por Richard Ale tenga un perjuicio de S/114 450.
Se detalla que los servidores Guillermo Manrique como residente de obra y Norma Cabana, inspectora de obra; aprobaron los requerimientos para la intervención a unidades de carga como camiones y cisternas, pese a que estos ya habían cumplido su vida útil. A estos se les dispuso responsabilidad penal.
Los proveedores a cargo del trabajo mecánico no lo hicieron y pese a ello la entidad les pagó por el servicio, entre las empresas ganadoras figura: Juan Carlos Lazarte, J&R Logística y Soluciones; así como Industrial Mecánica Benavente. Los hechos descritos sucedieron en la gestión de Edgar Rivera y el perjucio deberá ser asumido por Ale Cruz.
“Iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad”, se lee.
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