Pasaron casi 6 meses desde que ocurrió el incendio en el socavón de la mina Yanaquihua (Esperanza I), ubicada en el distrito homónimo, en la provincia de Condesuyos y a la fecha los familiares de los 27 trabajadores que fallecieron en el derrumbe no reciben justicia por parte de las autoridades ni de la empresa a cargo.
María Huahuacapa Bernardo, familiar de dos de las víctimas, cuestionó el trabajo del Ministerio Público, ya que sigue sin formalizarse la carpeta fiscal donde se evidenciaría a los presuntos responsables de tal incidente. Indicó que tampoco existe un pronunciamiento de la empresa contratista Sermigold, en la concesión de propiedad de la Minera Yanaquihua SAC.
“No se emitió ningún informe oficial sobre el progreso de las investigaciones relacionadas con el incidente. La fiscal es muy hermética en la información debido a que no está en carpeta. Los familiares viven en la incertidumbre y desesperación, sin conocer las circunstancias exactas que llevaron a la tragedia que les arrebató a sus seres queridos”, indicó.
Detalló que días despues del accidente, los deudos se comunicaron con el área de asistencia social de la minera para gestionar una reunión con la parte gerencial, pero no obtuvieron respuesta. Además alegan que hasta el momento ninguna de las 27 familias recibió una indemnización por parte de la minera.
“Nos dijeron que siguen trabajando allí, cerraron una entrada pero tienen otra entrada. A la fecha no recibimos ninguna ayuda por parte de los encargados de este concesión”, indicó.
Dichas declaraciones se contradicen con lo indicado por la consejera regional Roxana Llamocca, quien estuvo al mando de la comisión de investigación Yanaquihua. La fiscalizadora argumentó que los familiares ya habrían recibido una compensación.
OTRO AFECTADO. Francisco Idme Mamani, otro pariente deudo, cuestionó el trabajo de la Gerencia de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), así como de la consejera Roxana Llamoca, indicando que no trabajarían de la mano con la población afectada y ocultarían información sobre lo ocurrido.
“Hay familiares que hablan quechua y viven en zonas alejadas que no saben qué hacer ni cómo reclamar sus derechos. Nosotros no nos cansaremos de pedir lo que es justo y queremos las respuestas”, indicó.
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