Tres policías de la comisaría de El Pedregal, en el distrito de Majes, son investigados por Inspectoría Regional de Arequipa tras una denuncia anónima que los vincula presuntamente con el tráfico de terrenos, cobro de cupos y otras irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

El proceso administrativo disciplinario alcanza al mayor PNP Héctor Montenegro, jefe de la dependencia policial; al suboficial superior PNP Alex Zegarra y a la suboficial de primera PNP Katherine Valdivia, ambos vinculados a la Oficina de Participación Ciudadana (OPC).

Según la Resolución n.° 526-2026-IGPNP-DIRINV/OD-Arequipa, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima que atribuye a los tres efectivos y sus presuntas relaciones con personas involucradas en el tráfico de terrenos en Majes.

Uno de los elementos incluidos en el documento está relacionado con Livia Isabel Justo Quispe, expresidenta de una junta vecinal de la zona, quien fue asesinada a balazos el pasado 19 de mayo. Tras el ataque, la mujer fue trasladada al hospital de Majes en una camioneta de placa V7A-756, vehículo que, según la resolución, figuraba a nombre del suboficial Zegarra.

El documento también recoge la versión de que la exdirigente habría brindado apoyo económico a los tres policías. Este aspecto forma parte de las acusaciones que deberán ser esclarecidas durante el procedimiento disciplinario.

Otras acusaciones bajo investigación

La denuncia también señala un presunto cobro de cupos a establecimientos dedicados a la prostitución, así como supuestos cambios arbitrarios de efectivos que cumplirían sus funciones de manera regular.

Otro de los cuestionamientos está dirigido contra la suboficial Valdivia por sus presuntos permisos reiterados y el supuesto respaldo que recibiría dentro de la dependencia policial.

Asimismo, se investiga un presunto caso de abuso de autoridad relacionado con un efectivo que habría solicitado un permiso urgente debido a que su hija de tres años debía ser sometida a una operación por una hernia. Según la denuncia, el pedido habría sido rechazado por el mayor Montenegro y posteriormente derivado a asesoría jurídica.

La denuncia también cuestiona la situación de cuatro policías asignados a la Oficina de Participación Ciudadana, a quienes se atribuye un presunto uso frecuente de permisos.

Todos estos hechos forman parte de la investigación de Inspectoría, que deberá determinar si existieron faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades correspondientes.