En setiembre del 2025, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), inauguró la construcción de la micropresa Huayllani (Sibayo). Sin embargo, no se dieron cuenta que la ejecución se hizo en un predio de propiedad privada que no garantiza la seguridad de la inversión pública y jurídica del proyecto.
Según el informe n.° 030-2025 de la Contraloría, la citada obra se ubica fuera del ámbito de la cuenca del río Colca, pese a que ese era el objetivo del proyecto. La entidad liderada por Duberly Otazú García no se percató que usaban terreno de la intercuenca del Alto Apurímac, incumpliendo la finalidad pública en favor de más de 300 agricultores.
EL DUEÑO. El terreno pertenece a Teófilo Cutipa, quien solo cedió temporalmente el área mediante un acta sin validez legal. En dicho espacio se levantaron 3 diques, 1 aliviadero y 1 caja de válvulas que en la actualidad benefician directamente al propietario del predio, quien incluso administra las compuertas de la represa.
“La infraestructura se encuentra con acceso vehicular restringido, lo que impidió a los inspectores de la Contraloría llegar en vehículo hasta el lugar. No se tenía la disponibilidad física ni jurídica del predio intervenido, generando un riesgo a las actividades de operación y mantenimiento de la micropresa”, se lee.
PERJUICIO. En total, el perjuicio económico para el Estado ascendería a S/350 953, monto del presupuesto ejecutado, más un adicional aprobado de S/51 149, que quedaría sin sustento técnico al no cumplir la obra con su objetivo de incrementar la capacidad de retención en las subcuencas del Colca.
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