La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata inició una investigación preliminar de 30 días por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.
Esto, tras advertir que las autoridades no habrían actuado para mitigar la contaminación del río Tambo que afecta a la provincia de Islay, Arequipa, y a más de 60 000 pobladores debido a metales pesados en el agua.
“Se hizo un informe final de la actuación del exgerente de Gestión del Riesgo de Desastres (…) y encontramos que no había hecho absolutamente nada”, señaló el consejero regional por Islay, Juan Carlos Huanca Molero, refiriéndose a la falta de acciones contra la contaminación detectada en la cuenca del río Tambo.
La investigación se sustenta en un informe del Consejo Regional de Arequipa, el cual señala que durante el estado de emergencia hídrica declarado por el Gobierno ante la crisis, no se ejecutaron planes efectivos ni medidas concretas para enfrentar la presencia de metales pesados en el recurso hídrico.
Esto involucra principalmente al exgerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres, José Luis Barrezueta Reyes, cuyo periodo abarcó desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025, tiempo en que estuvo vigente el estado de emergencia, sin embargo, no habría cumplido con medidas preventivas.
Entre las diligencias programadas, la Fiscalía citó a Huanca a declarar el 17 de febrero de 2026.
Asimismo, solicitó al Gobierno Regional de Arequipa la remisión de planes de trabajo y la identificación de los jefes de área responsables entre julio de 2024 y enero de 2025, periodo en el que se habría incumplido la normativa de emergencia ambiental.
Además, se investiga por qué, durante dicho periodo, no se concretó la adquisición de las plantas de ósmosis inversa para tratar el agua contaminada en la zona afectada, ni se brindó tratamiento médico para la población agraviada.
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