Agricultores del valle de Quicacha están evaluando entregar una licencia social a la empresa Atahualpa para que construyan una planta de tratamiento de residuos tóxicos generados por las operaciones mineras, ubicada en la parte alta del distrito de la provincia de Caravelí.
El director de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cháparra, Pablo Laura Coria, precisó que tienen un plazo de 10 días para decidirse si entregan esta licencia a la empresa pero antes evaluarán el estudio impacto ambiental, ya que existe temor que este proyecto contamine 1700 hectáreas de cultivo.
Laura Coria detalló que alrededor de 700 agricultores temen que sus terrenos agrícolas sean afectados por la posible contaminación, debido a fuertes lluvias o deslizamientos que podrían hacer que las aguas residuales de la planta de tratamiento se mezclen con el agua utilizada para regar los cultivos.
Asimismo, afirmó que compañía minera quiere instalar una planta de tratamiento en Quicacha para reducir las horas de transporte de los minerales hasta el puerto Talara para iniciar con sus procesos de relave. Pero, el permiso siempre se les denegó debido a la posición de los agricultores.
Por último, señaló que no son personas antimineras y están dispuestos a entregarles la licencia social en caso presenten un estudio de impacto ambiental que confirme que no van a ser perjudicados por malas prácticas en la minería.
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