Pobladores y dirigentes del valle de Tambo denunciaron que la empresa minera Southern utiliza inadecuadamente la zona de protección ambiental Lomas de Cachendo, debido a que las tres mil hectáreas que adquirieron durante la pandemia de la covid-19 son usadas indebidamente como campamento para el proyecto minero de Tía María.
El vocero del valle de Tambo, Miguel Meza Igme, declaró que en las 8402 hectáreas del hábitat, declarado como ecosistema frágil, vive flora y fauna amenazada que podría resultar afectada, debido a que la compañía minera hace mal uso de la zona y no cuenta con autorización para operar.
En respuesta, un grupo de dirigentes viajaron a la ciudad de Arequipa para entregar al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) un documento de requerimiento de cumplimiento para proteger las Lomas de Cachendo, según lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE.
Meza Igme detalló que reunieron alrededor de 60 peticiones, las cuales también fueron presentadas en la entidad regional para que el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, pueda tomar acciones inmediatas en la zona afectada. En caso no haya respuesta alguna dentro de 15 días, la población recurriría a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
DISPUTAS LEGALES. En el 2016, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri) evaluó la presencia de patrimonio forestal y fauna silvestre de Lomas de Cachendo, ubicado entre los distritos de Cocachacra y Mejía, en la provincia de Islay, que en 2018 fue reconocido como ecosistema frágil.
El mismo año, durante la gestión de la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, se emitió la Resolución N.° 150-2018-GRA/GGR, donde se aprueba el derecho de servidumbre de uso de 49 hectáreas de Lomas de Cachendo a favor de Southern por el plazo de 21 años. A cambio la empresa debía abonar S/948 173.
Un año después, con la gestión de Elmer Cáceres Llica, se cuestionó la entrega de la servidumbre y tras un paro indefinido por pobladores del valle de Tambo contra Tía María, el entonces gobernador anuló la servidumbre en mención.
En noviembre de 2019, desde el GRA se denunció que parte de las Lomas Cachendo están cercadas y en la zona habían instalado garitas de control, impidiendo el acceso a la zona. Además, colocaron letreros de propiedad privada sin autorización. Tras ello, la empresa minera optó por comprar tres mil hectáreas del sector al Estado.
Cabe destacar que la población se sigue negando a otorgar la licencia social para la ejecución del proyecto minera debido a las observaciones del Estudio de Impacto Ambiental y por las siete fatídicas muertes durante los conflictos sociales en 2011 y 2015.