Durante la audiencia de prisión preventiva realizada este martes 9 de junio, la defensa de los hermanos Fray Armando (22) y Tony Badany Ccoyuri (18), investigados por el ataque con hacha contra una familia en Majes que dejó un fallecido y cuatro heridos, cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

La abogada Glenda Barrios solicitó que sus defendidos sean investigados en libertad o, en todo caso, que la medida cautelar se reduzca a cuatro meses.

El Ministerio Público, por su parte, ratificó su pedido de nueve meses de prisión preventiva mientras culminan las investigaciones.

DEBATE. Según la abogada, "no existen elementos de convicción que vinculen a sus patrocinados con el crimen".

Argumentó que los jóvenes fueron intervenidos a más de 20 kilómetros del lugar de los hechos, que las víctimas difícilmente pudieron reconocer a los atacantes debido a la oscuridad y la escasa iluminación natural, y que las manchas de sangre encontradas en las prendas podrían pertenecer a uno de los propios investigados, quien sufrió una lesión en la mano.

Además, resaltó que hasta el momento no se conocen los resultados de diversas pericias, entre ellas las realizadas al arma y a las muestras biológicas.

La defensa también cuestionó la declaración de la menor que identificó a los hermanos Ccoyuri, señalando que sería la única persona que los reconoció y que su testimonio no sería suficiente para sustentar una medida tan gravosa.

"El caso es conmovedor, pero tenemos que ver si fueron ellos los que lo hicieron. Los elementos de convicción no los vinculan al hecho", manifestó la abogada, quien añadió que la legislación establece que debe aplicarse la medida menos restrictiva posible.

Ante ello, planteó una comparecencia con restricciones para los investigados, es decir, que sean investigados en libertad.

En respuesta, la Fiscalía sostuvo que aún quedan 18 diligencias pendientes para el esclarecimiento del caso, motivo por el cual requiere nueve meses de prisión preventiva.

Según la tesis fiscal, los hermanos actuaron de manera coordinada para evitar que la madre de familia denunciara a uno de ellos por un presunto delito sexual contra una de sus hijas menores de edad.

Entre los elementos presentados figuran informes policiales, declaraciones de agraviados y testigos, evidencias recogidas en la escena del crimen, certificados médico-legales y la necropsia de la víctima mortal.

Asimismo, el Ministerio Público advirtió que, de ser hallados culpables, los investigados podrían afrontar penas de hasta 35 años de prisión.

El caso, que conmocionó a Arequipa desde la madrugada del 2 de junio, permanece a la espera de la decisión de la jueza Johana Lozano Rosado, quien deberá determinar si acepta el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, impone una medida menos severa o rechaza el requerimiento.

La resolución será conocida en las próximas horas y definirá la situación legal de los hermanos mientras continúan las investigaciones.