Por efectos de la contaminación, el poder Ejecutivo declaró en emergencia el río Tambo el miércoles 24 de julio tras las recientes pruebas que mostraron altos niveles de sustancias químicas como arsénico y plomo en el agua del afluente.
Este decreto de urgencia implica el cierre definitivo y una denuncia penal a la empresa minera Aruntani, cuya clausura no fue debidamente supervisada en 2021 y es la principal fuente de contaminación del afluente.
Esta medida también implica la apertura de una oficina permanente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el distrito de Quinistaquillas para monitorear permanentemente al agua del río.
A fin de reducir los daños por la contaminación, los ministerios de Producción, Vivienda y Salud darán a conocer las medidas que tomarán con respecto a la extracción de camarón, el tratamiento de agua potable y la terapia que recibirán las 373 personas intoxicadas con arsénico y otros químicos.
ANUNCIAN PROTESTAS. El vocero del valle de Tambo, Roger Chirapo Roque, anunció una huelga indefinida en caso no se declare en emergencia el afluente y no se cumpla con las medidas acordadas para remediar la contaminación del río durante la reunión del domingo 21 de julio con las autoridades regionales, provinciales y distritales.
Chirapo Roque precisó que es necesaria la construcción de una represa como compensación del Estado que pueda abastecer de agua potable sin elementos nocivos a la población del valle de Tambo.
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