El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, busca el respaldo del Congreso para declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación de la primera etapa del megapuerto de Corío, pese a los problemas por la superposición de concesiones mineras y la aparición de presuntos propietarios de los terrenos involucrados.
Sostuvo que el proyecto contempla una inversión superior a los 800 millones de dólares para el terminal portuario y afirmó que las controversias legales no detendrán su ejecución. Además, señaló que se reunió en Lima con representantes de Emiratos Árabes Unidos y la India, países que tendrían interés en la iniciativa.
CASOS. Sobre los terrenos reclamados por particulares, el gobernador indicó que solicitaron a los congresistas de Arequipa impulsar sanciones contra jueces y notarios que reconocerían escrituras imperfectas y otorgarían posesiones de manera irregular.
Uno de los reclamos corresponde a la asociación Torres Rivera, cuyos representantes sostienen que sus derechos sobre las tierras se remontan al 25 de junio de 1861 y enviaron una carta notarial al GRA en 2024 para que se abstenga de anunciar el proyecto.
Otro obstáculo son las concesiones superpuestas en Corío. Reconoció que existen áreas con materiales de arena y minerales no metálicos y anunció que algunas concesiones serían anuladas mediante un procedimiento en curso.
