Un ciudadano denunció un presunto abuso de autoridad y una supuesta actuación policial irregular en Achanizo, distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, luego de afirmar que efectivos policiales ingresaron y revisaron su vehículo.

El denunciante señaló al alférez PNP Jorge Luis Huingo Rodríguez y solicitó que las autoridades determinen si el procedimiento contó con una justificación legal y respetó las garantías previstas en la normativa peruana.

CASO. Según la versión difundida por el ciudadano, el hecho se remonta al último sábado 22 de agosto. Los policías habrían abierto el vehículo, ingresado a su interior y revisado sus pertenencias.

El denunciante sostiene que antes del registro no recibió una explicación clara sobre el motivo legal de la intervención.

Parte del procedimiento quedó registrada en un video difundido públicamente. En él se observa a dos efectivos revisando espacios tanto en los asientos delanteros como en los asientos traseros.

Asimismo, pide documentación tanto del conductor como de la mujer que ocupa el espacio de copiloto.

LEY. El artículo 205 del Código Procesal Penal permite a la Policía realizar controles de identidad y, cuando exista “fundado motivo” para considerar que una persona puede estar vinculada con un hecho delictivo, registrar sus vestimentas, equipaje o vehículo.

La norma agrega que, si la diligencia arroja un resultado positivo, debe levantarse un acta y comunicarse inmediatamente al Ministerio Público.

El Tribunal Constitucional precisó en 2025 que el artículo 206 del Código Procesal Penal permite controles y registros vehiculares relacionados con la investigación de delitos graves, pero advirtió que esta facultad “no constituye una autorización” para realizar registros indiscriminados de personas o vehículos.

El TC sostuvo que estas medidas deben responder a los fines específicos establecidos por la ley y evitar actuaciones arbitrarias.

El ciudadano pidió esclarecer las circunstancias de la intervención y determinar si los efectivos actuaron dentro de sus atribuciones.

El artículo 376 del Código Penal establece que incurre en abuso de autoridad el funcionario público que, abusando de sus facultades, comete u ordena un acto arbitrario que causa perjuicio a otra persona.

Corresponderá a la Policía, el Ministerio Público u otras instancias competentes evaluar el procedimiento y establecer eventuales responsabilidades.