Los bloqueos en la carretera Panamericana Sur, entre los kilómetros 520 y 722, mantienen en vilo a distritos como Nasca, Yauca, Atiquipa, Atico y Ocoña. Desde hace más de una semana, esta medida ha paralizado las actividades económicas y productivas en el sur del Perú.
Cientos de personas no pueden acceder a salud, agua, transporte ni trabajo. Las protestas de los mineros informales han encendido la alarma social y económica en el sur peruano.
En Chala y Calpa, ambas partes piden diálogo, pero los gremios mineros insisten en imponer condiciones. Mientras tanto, el caos crece. “Rechazamos toda forma de violencia, pero hay muchas vidas en juego”, advirtió el alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros. Se teme que la radicalización derive en enfrentamientos o incluso muertes.
Por el momento, algunos migrantes aprovecharon el pánico para atacar a los ciudadanos que están inmovilizados en Caravelí por el bloque de la vía. Los mineros exigen la revisión de la Ley MAPE, la reactivación de concesiones caducas y el reconocimiento de más de 50 000 trabajadores informales.
Sin embargo, tiene en su contra a la población que los denuncia porque sus acciones afectan a los más pobres. “El bloqueo no es protesta, es abuso. No hay agua, ni salud, ni derecho a circular.
El Gobierno debe actuar antes de que esta crisis escale”, señalan desde Caravelí, donde hay más de 16 000 concesiones mineras registradas. El alcalde también respaldó la formalización.
“Hay que anotar que los concesionarios tienen un tiempo determinado de la concesión. Por ello, las concesiones del subsuelo tienen que revertirse al Estado para ser adjudicadas a quienes sí encuentran un valor económico”, resaltó.
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