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Escribe: Ana Cristina Coaquira H.
Mediante un documento oficial, con fecha 4 de julio, el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, junto a burgomaestres y presidentes de juntas, expresaron su rechazo categórico hacia las operaciones planeadas por la compañía minera en la zona.
"Una posible contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad….Expresamos nuestra posición de rechazo al inicio de cualquier actividad u operación de ese proyecto minero”, se lee en el documento firmado por , el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, alcaldesa del distrito de Mejía, Diana Aspilcueta Cáceres, alcalde del distrito de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, alcalde del distrito Cocachacra , Abel Suarez Ramos, alcalde del distrito de Dean Valdivia, Fernando Camargo Huayna , presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jorge Mojo Mamani, presidenta de la Junta de Usuarios Irrigación Ensenada Mejía Mollendo, Otilia Dongo Santillana de Huertas , presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Punta de Bombón, Marcial Vargas Chambi, presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de la provincia de Islay, Valerio Kana Sulla.
Además, las autoridades locales acusan a Southern de iniciar sus operaciones bajo premisas falsas y sin obtener la licencia social necesaria. Señalaron que el proyecto Tía María no logró superar el conflicto social con la población ni demostrar garantías ambientales suficientes para coexistir pacíficamente con la agricultura, que es vital para el desarrollo de la provincia de Islay.
En el documento, las autoridades destacaron que el Estado peruano tiene el deber primordial de proteger el desarrollo agrario, asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales y preservar la calidad ambiental en beneficio de la comunidad.
El pronunciamiento también hace eco de la preocupación por la posible afectación de ecosistemas frágiles en la región, como el Área Natural Protegida (ANP) Santuario Nacional de Lagunas de Mejía y las Lomas de Cachendo. Se subraya que estos lugares podrían estar en riesgo si el proyecto minero no cumple con los estándares ambientales exigidos.
Además, las autoridades acusaron al Estado de no intervenir adecuadamente frente a la contaminación que ya afecta la cuenca del Río Tambo, atribuyendo responsabilidad a la Minera Aruntani.
El comunicado concluye con un llamado enérgico a las autoridades pertinentes, incluyendo al presidente del Congreso, ministros de Estado, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Arequipa, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, instándolos a tomar medidas efectivas para evitar el reinicio del proyecto Tía María.
Este pronunciamiento refleja la determinación de las autoridades locales de Islay de defender los derechos ambientales y el bienestar de la población frente a intereses que consideran lesivos para el entorno y la comunidad agrícola que sustenta la economía local.
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