Los dirigentes del valle de Tambo ya no confían en nadie y ahora rechazan la construcción de la represa de Yanapuquio que permitirá el riego de 11 mil hectáreas de la zona. Están convencidos que la obra pertenece a la empresa Southern Perú y se niegan a que la minera siga insistiendo en permanecer en la provincia de Islay y amenazaron a las autoridades de iniciar un paro indefinido si permiten que la entidad ejecute Yanapuquio.
Esta queja fue expuesta, este domingo 21 de julio, durante la reunión que tuvo lugar en el distrito de Deán Valdivia donde asistió el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, acompañado del gobernador, Rohel Sánchez Sánchez, el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz y burgomaestres distritales.
RECHAZO. El dirigente Miguel Meza Igme, preciso que en caso Southern no paralice sus actividades en el valle de Tambo radicalizarán su medida de lucha debido a que este proyecto provocó la muerte de ocho personas y la detención de dos de sus compañeros.
En medio de abucheos, el titular del Midagri, Ángel Manero Campos, aseguró a la población que el Gobierno está elaborando el expediente técnico de la represa de Yanapuquio que requiere de un presupuesto de 450 millones de soles.
Al escuchar esto, la población se molestó argumentando que estaba mintiendo porque hace poco, el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar Gonzales Rocha, informó que el estudio técnico de la represa estaría listo a fines de agosto o principios de septiembre de este año, ya que esta obra demandaría alrededor de dos años y pretende beneficiar cientos de agricultores.
DESAPRUEBAN A LA AUTORIDAD. La reunión no fue aceptada, los pobladores del valle de Tambo empezaron a gritar “traidor” al gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez debido a que no se pronunciaba sobre el proyecto minero de Tía María y anteriormente tuvo algunas declaraciones controversiales.
Con respecto a la contaminación del río Tambo, confirmó que el miércoles 24 de julio, el Consejo de Ministros declarará en estado de emergencia de la provincia de Islay y sancionará a la empresa minera Aruntani por los daños ocasionados a más de 60 mil personas.
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