El debate sobre la minería informal en la provincia de Caravelí, Arequipa, adquiere un nuevo capítulo con la propuesta de una Ley MAPE promovida por el Ejecutivo y las declaraciones del alcalde Roberto Soto, quien denuncia que los grandes concesionarios favorecen la violencia para apropiarse del trabajo artesanal. La presión por normar este sector coincide con la clausura de la convención minera Perumin 37, donde la presidenta del Perú, Dina Boluarte, pidió al Congreso aprobar la norma antes de diciembre.
“Los concesionarios cobran sin invertir regalías entre 11 hasta 40 %, y entonces traen gente de mal vivir que son los que han organizado estas masacres”, afirmó el alcalde provincial Soto refiriéndose a los enfrentamientos ocurridos en las zonas mineras de la provincia.
En su acusación apunta no solo a la informalidad local sino a intereses económicos poderosos que quedarían impunes.
Él mismo relata que ha convocado varios espacios de diálogo a nivel provincias, incluyendo audiencias públicas y descentralizadas, con participación del Congreso y dirigentes para que la Ley MAPE incorpore las visiones de los mineros artesanales.
La presidenta, por su parte, ratificó su respaldo a la propuesta en Perumin 37. “Ya sabemos cómo y dónde operan (…) hemos actuado con firmeza (…) el plazo es hasta diciembre”, declaró durante la clausura.
Además, resaltó que su gobierno planteó 11 propuestas clave al Congreso para reformar el régimen de concesiones, mejorar la trazabilidad del mineral y facilitar contratos de explotación entre pequeños productores.
ENFRENTAMIENTOS. En 2022, enfrentamientos entre mineros informales ligados a concesionarios provocaron al menos 14 muertos y activaron investigaciones por organizaciones criminales en la provincia de Caravelí.
La Fiscalía de Arequipa investiga posibles vínculos entre concesionarios y grupos armados, así como usos irregulares de concesiones o cobros de regalías ocultas.
REINFO. El alcalde advierte que la pérdida de 150 expedientes en el tránsito administrativo, que habría contribuido a reducir el número de REINFO en Caravelí de más de 7000 a unos 2000, desincentiva la formalización de los mineros artesanales
Soto sostiene que muchas de las empresas que hoy se declaran “pequeñas” exportan oro a gran escala, evadiendo responsabilidades sociales, tributarias y ambientales. Critica que esas organizaciones concentren poder sin invertir infraestructura para el territorio. “Buscan hacerse de pequeña minería para no contribuir con su canon minero”, dijo.
LEY MAPE. Frente al proyecto de Ley MAPE, el alcalde demanda que la norma no se conciba a espaldas de los afectados. Indicó que tiene que tomarse en cuenta a la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), a la Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), que agrupan justamente a quienes son el objeto de esta ley MAPE. Él mismo cuestiona que partes de la propuesta respondan más al interés de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo que al minero artesanal.
Sin embargo, los retos son numerosos. El Ejecutivo ha definido que el plazo del REINFO culmina este 31 de diciembre y defiende que la depuración del registro ya ha excluido a quienes no quisieron formalizarse.
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