El alcalde provincial de Camaná, Jaime Mamani Álvarez, emitió fuertes declaraciones la mañana de este 27 de septiembre, sobre las acciones del Gobierno Regional de Arequipa que califican terrenos de Punta Hermosa como eriazos y promueven su recuperación estatal. Según la autoridad edil, estos documentos carecen de inspección de campo y no reflejan la situación real de las cuadrículas ni de la asociación de vivienda.
“Esto realmente nos preocupa porque no solamente pasa aquí, sino también en otros sectores”, dijo el burgomaestre, refiriéndose a casos similares que también enfrentan acusaciones de desalojo en asentamientos humanos.
El alcalde afirmó que los vecinos ya habían intentado comprar esos terrenos al gobierno regional con una propuesta económica que no prosperó, y que los valores estimados en las evaluaciones oficiales se vuelven “imposibles para todos los ciudadanos de Punta Hermosa poder cancelar”.
Indicó que la municipalidad provincial ya ha activado un proceso de saneamiento físico legal y pretende asumir la transferencia del terreno de forma progresiva, para que “las oficinas del gobierno regional no pretendan desalojarlo”. Además, anunció que la municipalidad creará una oficina especializada para tramitar los títulos de propiedad y que, en las próximas semanas, comenzarían a salir los documentos correspondientes.
Aun así, el alcalde reconoció que esa ruta de formalización aún requiere consolidar toda la documentación técnica y jurídica, y coordinar con instancias regionales y estatales. Sin embargo, manifestó que deben promover la formalización de todos los proyectos vecinales como un beneficio directo para la población, y que el municipio tiene “la responsabilidad de apuntalar esta situación”.
LEGALIDAD. Desde el punto de vista legal, cabe recordar que la Ley N.º 30230 ordena que las entidades del Estado deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales en predios bajo su competencia y recuperar extrajudicialmente el bien.
Además, el Estado puede actuar sin que los ocupantes hagan uso de la defensa posesoria tradicional en esos casos. Por eso, si las tierras efectivamente pertenecen al Estado y fueron objeto de invasión sin derecho legal, las autoridades podrían iniciar la recuperación conforme al marco normativo vigente.
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