En diciembre del 2021, se contrató bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) al asesor del despacho presidencial, Pablo Hernández Camborda, quien se desempeñó como uno de los hombres de confianza del hasta ese entonces presidente del Perú, Pedro Castillo Terrores. No obstante, en junio del 2022, decide dar un paso al costado, temporada en la que el mandatario se encontraba inmerso en investigaciones fiscales.
Lo curioso es que solo pasaron ocho meses para que el exintegrante de la “planilla dorada” de Castillo Terrones, regrese a la actual gestión liderada por la presidenta Dina Boluarte Zegarra. Una investigación de Diario Viral reveló que mediante órdenes de servicio emitidas en este año durante febrero (n.°368), mayo (n.°839), junio (n.°1012), agosto (n.°1338) y octubre (n.°1646); Hernández consiguió contratos como locador con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), área usuaria que tiene como titular a Alberto Otárola.
En solo estos cinco pedidos laborales, el exasesor recibirá un oneroso pago de S/130 mil, monto que si lo dividimos en todo el año, resulta una ganancia mensual de S/10 800, cifra que no difiere en mucho a una actual percepción de consultores FAG. Según el portal de Transparencia de la PCM, en sus dos últimas órdenes el servicio sería similar “Revisión y actualización del plan de cumplimiento de Gobierno 2023 durante el segundo semestre sobre la base del anuncio y compromiso del discurso presidencial”, también “Dos informes de evaluación sobre los compromisos del discurso presidencial”.
PAGO DE FAVORES. Para el congresista Esdras Medina Minaya, esta figura se trata de un pago de favores por parte de Boluarte hacia los profesionales y técnicos que apoyaron desde un inicio a la actual gestión. Alegó que es una constante la contratación de exfuncionarios de confianza de Pedro Castillo. Lamentó la cuantiosa suma de pago en favor de Hernández Camborda, ya que los servicios no lo ameritan.
“Cómo es posible que después de 4 meses de darse el mensaje presidencial continúen los trabajos de análisis y evaluación del mismo. Me sorprende que sigan pagando a una persona por esta locación, es muy sencillo inferir que se trata de un pago de favores conociendo la línea izquierdista de la presidenta”, detalló.
Medina detalló que esta contratación será una causal más para la comisión de Fiscalización del Congreso a fin de insistir en la citación al presidente de la PCM, Alberto Otárola, para que justifique los cuestionados contratos que salieron en las últimas semanas.
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