La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y la extitular de Salud, Pilar Mazzetti. Ambos son acusados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
Esta denuncia corresponde a las irregularidades presentadas por el caso Vacunagate. Se trata de la vacunación irregular contra la covid-19 para Vizcarra Cornejo y 487 funcionarios y demás personas cuando no se tenía autorizada la aplicación y nos encontrábamos en medio de la crisis sanitaria a causa del impacto del nuevo coronavirus.
La información fue confirmada mediante la cuenta de Twitter del Ministerio Público. De acuerdo al artículo 382 del Código Penal, el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión (cuando un funcionario del estado abusa de su poder a cambio de un beneficio) podría tener una pena de prisión entre 2 y 8 años.
VACUNAGATE. Todo inició a fines del 2020, tras la llegada de las primeras dosis de Sinopharm. Se trataba de los ensayos en determinados sectores de la población contra los efectos más graves de la covid-19.
Aunque las dosis estaban destinadas para un grupo de voluntarios en ensayos clínicos. Luego se descubrió que el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, y un grupo numeroso de funcionarios del estado y sus familiares también fueron beneficiados con vacunas.
Vizcarra aceptó que fue inoculado pero que lo hacía como “voluntario” a pesar que no figuraba como tal. También se determinó que se utilizaron vacunas donadas por la empresa Sinopharm para beneficiar a funcionarios.
Estos hechos llevaron a una investigación en el Congreso de aquel entonces. Tras algunas semanas, Vizcarra Cornejo fue inhabilitado por 10 años para ejercer la función pública, lo que derivó en que no pueda asumir como congresista electo.
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