La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se pronunció sobre la situación legal de Mario Vizcarra y otros candidatos con antecedentes judiciales, en el marco del proceso electoral rumbo a 2026. En declaraciones a Canal N, sostuvo que la normativa vigente mantiene restricciones claras para quienes han sido condenados por delitos como la corrupción, y recalcó que estas disposiciones deben ser respetadas por todas las instancias del sistema electoral.
Pacheco precisó que, si bien el Jurado Nacional de Elecciones ha admitido en el pasado ciertas postulaciones bajo el argumento del derecho a la participación política, el Tribunal Constitucional ya estableció criterios firmes sobre la constitucionalidad de las restricciones. “Los jueces están obligados a aplicar la ley tal como está vigente”, afirmó, subrayando que el respeto al marco legal garantiza seguridad jurídica y equidad en los procesos democráticos.
En relación con el debate sobre la aplicación de normas vinculadas a delitos de lesa humanidad, la magistrada explicó que la imprescriptibilidad rige en el país desde el año 2003, tras la adhesión del Perú a tratados internacionales. Para hechos ocurridos antes de esa fecha, aclaró, corresponde aplicar los plazos establecidos en el Código Penal, lo que ha generado interpretaciones diversas en el ámbito judicial.
Pacheco también se refirió al rol del Congreso en materia presupuestal, recordando que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto. En ese sentido, advirtió que cualquier norma que genere impacto económico debe contar con la evaluación y aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, de lo contrario podría ser declarada inconstitucional, como ya ha ocurrido en fallos previos del Tribunal.
Finalmente, la presidenta del TC evitó pronunciarse sobre casos específicos en trámite, como el pedido de asilo de la exministra Betssy Chávez, al señalar que se trata de asuntos que corresponden a otras instancias. No obstante, enfatizó que el sistema de justicia debe actuar con celeridad y respeto al debido proceso, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar la estabilidad democrática del país.
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