El Tribunal Constitucional (TC) cambió su criterio y estableció que el Congreso ya no podrá aprobar leyes que obliguen al Estado a realizar nuevos gastos sin la evaluación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La decisión se dio al resolver una demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31232, que declaraba de necesidad pública la reubicación de familias del distrito de Belén, en Loreto. Según el TC, esa norma disponía la construcción de viviendas y obras de saneamiento sin que esos recursos estuvieran previstos en el presupuesto nacional.
A partir de este fallo, los proyectos de ley que generen gasto público deberán coordinarse con el MEF, que evaluará si existen recursos para financiarlos y si la medida es sostenible para las finanzas del Estado. Además, las iniciativas deberán señalar de dónde provendrá el dinero para ejecutarlas.
La sentencia representa un cambio respecto a la posición adoptada por el propio Tribunal en 2022, cuando permitió que el Congreso impulsara normas con impacto en el presupuesto público. Esta vez, el TC concluyó que ese tipo de iniciativas no puede aprobarse de manera unilateral, ya que podría afectar el equilibrio de las cuentas del Estado.
