El Tribunal Constitucional del Perú dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Ley 32419, conocida como la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Según estimaciones de la Defensoría, la norma podría provocar el archivamiento de más de 1700 procesos penales relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y casos de tortura ocurridos durante el periodo de violencia interna.
Durante la audiencia, el jefe del Gabinete de Asesores de la Defensoría, Hebert Anderson Saldaña Saavedra, cuestionó la demora del sistema judicial en resolver los procesos.
“No se puede permitir que la negligencia del Poder Judicial termine afectando a las víctimas”, afirmó al sostener que la ley podría impedir el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
La norma, sin embargo, excluye de la amnistía a quienes tengan sentencia firme por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios.
En defensa del Congreso participaron diversas figuras del ámbito jurídico, entre ellas el exmagistrado del TC Ernesto Blume, quien sostuvo que la norma responde a un criterio de justicia temporal.
“Se trata de una ley de reconciliación nacional”, afirmó, al argumentar que los procesos han superado los plazos razonables del debido proceso.
Otros expositores coincidieron en que, tras más de cuatro décadas, el Estado debe resolver la situación jurídica de policías y militares investigados
Tras escuchar a ambas partes, la presidenta del TC, Luz Pacheco, anunció que el caso quedó al voto de los magistrados. Para declarar fundada la demanda se requieren al menos cinco votos conformes dentro del tribunal.
