El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado revisar oficialmente la demanda presentada por el defensor del pueblo. El representante de la Defensoría sostiene que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que el Gobierno creó para reorganizar las finanzas de Petroperú, es contrario a la Constitución.
La preocupación de fondo es que esta norma sea, en realidad, el primer paso para privatizar la empresa estatal o desmantelarla.
El TC determinó que la denuncia cumple los requisitos previstos en el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo), por lo que continuará el proceso de la demanda.
No obstante, el Tribunal declaró “nulo” la solicitud de notificar a la Presidencia del Consejo de Ministros y a su procurador público sobre la denuncia.
Precisó que, conforme al artículo 88 del Nuevo Código Procesal Constitucional, cuando se trata de normas establecidas por el Poder Ejecutivo, la defensa corresponde a la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional.
En ese sentido, dispuso que la demanda sea notificada a dicha instancia, que tendrá 30 días útiles para responder antes de la convocatoria a audiencia pública.
RECHAZA DECRETO. En respuesta el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirma que el decreto excede las facultades del poder Ejecutivo y el debido procedimiento para una reforma estructural de una empresa estatal, debió debatirse desde el Parlamento y solicita la nulidad del decreto.
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