El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, removió hace poco más de una semana a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien lideraba la Fiscalía Suprema encargada del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La medida se formalizó el 31 de octubre mediante la Resolución 3343-2025-MP-FN, publicada en El Peruano. Según el documento, la decisión se sustentó en la supuesta transmisión indebida de información sobre “un fiscal supremo” a una fiscal provincial.
Sin embargo, el expediente revela que el propio Gálvez era el fiscal supremo investigado sobre quien se solicitó la información. Detrás del argumento técnico, su decisión habría tenido un trasfondo personal. La remoción de Delgado, sumada a su intención de desactivar el Equipo Especial Cuellos Blancos, deja entrever un intento por desarticular la estructura que investiga una de las redes de corrupción más graves del sistema judicial peruano.
“La señora fiscal de la nación (i) no sólo ocupa el rol de investigado en el procedimiento que motivó mi actuación, sino que además interviene en la decisión de mi remoción. Tal circunstancia plantea un conflicto de intereses claro y manifiesto, pues la misma persona que podría verse afectada por las investigaciones es quien propicia o aprueba el cese del fiscal a cargo de las mismas”, advierte Delgado en un escrito dirigido a la Junta de Fiscales Supremos, al que accedió Infobae.
A la salida de Delgado se suma la de Alejandra Cárdenas, fiscal adjunta suprema, quien había sido encargada de elaborar en solo tres días la acusación principal del caso contra César Hinostroza y los exconsejeros del extinto CNM. El 30 de octubre inició su labor, pero un día después fue cesada por Gálvez, quien argumentó una “reestructuración” de la Primera Fiscalía Suprema. Paradójicamente, los otros tres fiscales adjuntos se mantuvieron en sus cargos.
“La remoción de la mencionada fiscal adjunta suprema carece de causa objetiva, razonable y debidamente motivada, toda vez que la magistrada se encontraba promovida de manera regular y venía desempeñando sus funciones con solvencia, responsabilidad y resultados verificables”, protestó Delgado, señalando que la medida “contraviene los principios de estabilidad, mérito y continuidad del servicio fiscal”. Ese mismo día, Gálvez tomó juramento a Lourdes Téllez Pérez como su reemplazo, señalada como cercana al exfiscal Pedro Chávarry.
El actual fiscal interino ha mostrado una antigua hostilidad hacia los equipos especiales. Primero fue Lava Jato, luego Eficcop y ahora Cuellos Blancos del Puerto. “Es muy peligroso”, advirtió la fiscal de la nación Delia Espinoza, quien cuestionó la remoción “de la noche a la mañana”. “Uno no puede intervenir para tomar decisiones respecto de casos en los que tiene interés directo, porque eso se llama conflicto de intereses. Es un tema más allá de lo legal, es ético. Uno no puede actuar como juez y parte”, sentenció.
Pese a las críticas, Gálvez insiste en que el caso Cuellos Blancos del Puerto fue una “invención” basada en “hechos falsos”. Afirma que “ahora todos (los magistrados destituidos) han regresado”. No obstante, omite que varios fueron condenados o aceptaron cargos, como el exjuez Walter Ríos Montalvo, gracias al trabajo del equipo que hoy busca eliminar. Otros magistrados sí retornaron a sus puestos, pero por una decisión del Tribunal Constitucional, no por inocencia comprobada.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
