El fiscal de la nación, Tomás Gálvez, aprovechó la ceremonia por el aniversario del Ministerio Público para anunciar una serie de reformas institucionales que ya fueron enviadas al Congreso. Entre las propuestas que más controversia han generado destaca la intención de restringir el uso de investigaciones periodísticas como punto de partida para abrir procesos fiscales. 

Según explicó durante su discurso, las investigaciones deberían iniciarse únicamente sobre la base de “hechos objetivos” y no “porque salga un titular en cualquier medio de comunicación”, argumentando que se debe proteger el principio de inocencia.

Las declaraciones de Gálvez provocaron críticas debido a los antecedentes que marcaron su propia trayectoria dentro del sistema judicial. El magistrado fue destituido años atrás tras verse involucrado en el caso de Los cuellos blancos del puerto, una red de presunta corrupción que salió a la luz gracias a las investigaciones de IDL-Reporteros. 

Precisamente, diversos sectores recordaron que varios de los mayores escándalos de corrupción en el Perú, incluyendo Caso Odebrecht, fueron impulsados inicialmente por trabajos periodísticos y no por acciones de oficio de las autoridades.

Además de cuestionar el rol de la prensa en las investigaciones fiscales, Gálvez pidió al Congreso aprobar una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. La propuesta contempla cambios que ampliarían las facultades del fiscal de la nación, incluyendo una mayor influencia en la elección de futuras autoridades dentro de la institución e incluso la posibilidad de una eventual reelección en el cargo. 

Durante la ceremonia oficial también llamó la atención la presencia de figuras como Fernando Rospigliosi y Patricia Benavides, quienes siguieron el discurso entre aplausos y sonrisas. Para los críticos, las reformas planteadas por Gálvez representan un “peligroso precedente” para el periodismo de investigación y podrían debilitar herramientas clave en la lucha contra la corrupción.

 En medio del debate, distintos sectores han reiterado que la libertad de prensa y las investigaciones periodísticas han sido fundamentales para revelar redes de corrupción que impactaron al sistema político y judicial peruano durante las últimas décadas.