El fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, generó polémica al pronunciarse en Exitosa sobre el pedido de cancelación de la inscripción de Fuerza Popular, formulado por Delia Espinoza antes de ser suspendida por la JNJ. Con un tono evasivo, declaró: "Será el PJ el que decidirá" y añadió que el Ministerio Público “tiene que continuar con la acción” bajo supuesta objetividad.
En un intento de matizar su postura, Gálvez aseguró que aún no revisa el expediente: "Porque como ya lo indiqué en algún momento, yo no he visto una razón para interponer esa demanda, ese requerimiento, pero si es que está —todavía no lo he revisado porque recién llevo un día— si es que hay fundamentos al respecto, pues tiene que continuar". Estas declaraciones levantan sospechas de un claro distanciamiento frente a un caso de enorme trascendencia democrática.
Delia Espinoza, en su escrito, fue contundente al señalar que Fuerza Popular incurrió en "conductas antidemocráticas". Según su argumento, el partido vulneró el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas al realizar acciones contrarias a los principios democráticos, afectando de manera sistemática las libertades y derechos fundamentales.
Asimismo, Espinoza denunció que el fujimorismo promueve "atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión". También acusó a la agrupación de impulsar la exclusión de congresistas y de legitimar la violencia política.
El pronunciamiento de Gálvez, lejos de dar señales firmes contra estos graves hechos, se limitó a trasladar la responsabilidad al Poder Judicial, provocando el inmediato respaldo del fujimorismo y dejando en evidencia la fragilidad de la Fiscalía frente a un partido cuestionado por su historial de vulneraciones a la democracia.
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