El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, cumplió su promesa y este 6 de enero oficializó la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y Cuellos Blancos del Puerto, marcando un giro significativo en la estrategia del Ministerio Público peruano.
La medida, formalizada mediante cuatro resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, pone fin a la operatividad autónoma de estos grupos que investigaban casos emblemáticos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Según la fiscalía, la decisión responde a la necesidad de “unificar la persecución penal” y fortalecer los subsistemas especializados en delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y derechos humanos.
En la práctica, la desactivación implica la conclusión de las designaciones de altos fiscales como Rafael Vela Barba, coordinador del equipo Lava Jato, y Alfonso Barrenechea Cabrera, al frente del grupo Cuellos Blancos, quienes ahora dejan esas funciones para ser reasignados a fiscalías especializadas.
“Se han considerado reyes”, dijo Gálvez al explicar por qué eligió la fecha de la Bajada de Reyes para la medida.
La reacción en el ámbito judicial y político no se hizo esperar. Rafael Vela advirtió que esta decisión podría afectar el curso de las investigaciones más complejas, señalando que pasar los casos a fiscalías ordinarias podría debilitar la continuidad técnica de las indagaciones.
Por su parte, otros fiscales señalaron que la medida transforma la estructura institucional de persecución penal.
Con la reestructuración, las carpetas fiscales y el personal de estos equipos se integrarán a unidades especializadas tradicionales, con la Fiscalía sosteniendo que los procesos no quedarán paralizados y que esta reorganización permitirá un uso más eficiente del talento fiscal.
La disolución de los equipos especiales cierra así un capítulo clave en la lucha contra la corrupción y redefine el mapa de la justicia penal en el país.
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