El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, inició su gestión con una decisión que no pasó desapercibida: remover al fiscal adjunto supremo provisional Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, quien había sustentado el pedido para suspenderlo por 36 meses. La medida quedó oficializada en la resolución 2977-2025-MP-FN publicada en El Peruano.
Mendoza fue el encargado de exponer ante el juez Juan Carlos Checkley cómo Gálvez habría integrado la presunta organización criminal de José Luna Gálvez. Según dijo, el fiscal tuvo una actuación “no aislada, sino funcional y estratégica” para “asegurar el cumplimiento del programa criminal de la organización”.
Entre los elementos de cargo, Mendoza presentó el testimonio de un colaborador eficaz que describió dos reuniones entre Gálvez y el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza. El primero de estos encuentros, confirmó Gálvez, ocurrió en el óvalo Gutiérrez, aunque evitó dar mayores detalles. Sobre una segunda cita en su vivienda, alegó que estuvo relacionada con la ausencia laboral de su esposa en la ONPE.
El juez Checkley rechazó el pedido de suspensión por falta de pronunciamiento del Congreso, mientras que la Sala Suprema Penal Permanente confirmó la decisión tras archivarse la denuncia constitucional. En su defensa, Gálvez acusó a la Fiscalía de presionar al Parlamento: “Como ahorita el Congreso está tan asustadizo, tan venido a menos, si hay una medida en contra, ellos se van a asustar y tal vez acusen. Eso es lo que buscan”.
Aunque Mendoza salió del círculo de confianza de la Fiscalía de la Nación, Gálvez dispuso que regrese a su plaza de origen como fiscal titular especializado en corrupción de funcionarios en Lima. Por necesidad, será destacado para apoyar al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela. La pugna entre ambos fiscales ahora se traslada a un nuevo escenario.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
