La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el informe final que recomienda suspender durante 120 días de legislatura al diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, además del descuento de sus haberes durante ese periodo. La decisión, adoptada este lunes 19 de octubre, obtuvo cinco votos a favor y uno en contra y deberá ser evaluada posteriormente por el pleno.

El informe corresponde al Expediente 001-2026-2027/CEP-CD y declara fundada una denuncia de parte contra Pérez Mallqui. De acuerdo con el documento, al legislador se le atribuye una “presunta infracción a la ética parlamentaria” relacionada con supuestos actos de “violencia física y psicológica” contra su expareja. La recomendación de sanción aún no constituye una suspensión definitiva, pues requiere la decisión del pleno de la Cámara de Diputados. 

Durante la misma sesión, la comisión presidida por Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras, aprobó por unanimidad otro informe de calificación contra Pérez Mallqui. En este segundo caso se investigará la presunta contratación como técnica de una ciudadana con quien mantendría una relación afectiva, hecho que, según el informe, podría vulnerar el reglamento parlamentario y las normas que regulan este tipo de contrataciones. 

El grupo de trabajo también declaró procedente una denuncia contra la diputada Catherin Palomino Casavilca, de Juntos por el Perú, y dispuso iniciar una investigación. A la parlamentaria se le atribuye haber solicitado presuntamente a trabajadores de su despacho asumir gastos por tarjetas de presentación, cuadros y alimentos, conductas que podrían constituir un uso inadecuado de su investidura y función parlamentaria. Este informe obtuvo cinco votos a favor y una abstención. 

Con estas decisiones, la Comisión de Ética abrió nuevas etapas de investigación en dos expedientes y dejó en manos del pleno la eventual sanción contra Pérez Mallqui. Tanto las imputaciones adicionales contra el diputado como las atribuidas a Palomino se mantienen en condición de presuntas mientras avanzan los procedimientos parlamentarios y se determina si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.