El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Ley 32419, conocida como Ley de Amnistía para las FF.AA., PNP y comités de autodefensa. Publicada el 14 de agosto de 2025, la norma busca exonerar de responsabilidad penal a quienes participaron en acciones durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
El recurso fue interpuesto el 12 de septiembre y registrado con el número 00032-2025-PI/TC. El TC determinó que la demanda cumple con los requisitos formales, por lo que ordenó correr traslado al Congreso de la República, entidad demandada, para que conteste en un plazo de 30 días hábiles. La decisión fue adoptada por los siete magistrados del Pleno Jurisdiccional.
La Defensoría del Pueblo argumenta que la ley vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la tutela jurisdiccional efectiva y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Además, sostiene que el proceso legislativo presentó vicios de forma, como la omisión de debates en comisiones y la exoneración irregular del plazo de publicación del dictamen.
En su demanda, la Defensoría también advierte que la norma contraviene los tratados internacionales de derechos humanos, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En particular, recuerda la sentencia del caso Barrios Altos vs. Perú, que declaró sin efecto leyes de amnistía similares promulgadas en 1995.
El TC señaló que la admisión del recurso no implica aún un pronunciamiento sobre el fondo del caso, pero inicia el proceso de control de constitucionalidad. En esta etapa, el Congreso podrá sustentar los fundamentos que justificaron la aprobación de la ley. El expediente fue remitido a la Secretaría del Pleno para las siguientes fases procesales.
La Ley 32419 fue aprobada con el argumento de garantizar el derecho al debido proceso de militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados por hechos vinculados al conflicto interno. Sin embargo, la Defensoría advierte que su aplicación podría frenar investigaciones por delitos de lesa humanidad y obstaculizar el acceso a justicia de las víctimas.
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