La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedentes dos denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte. Las decisiones fueron adoptadas durante una sesión presidida por la congresista Lady Camones y abarcan el denominado caso Rolex y la reglamentación del Reinfo. Los acuerdos evitan que ambos procesos continúen su trámite parlamentario.

Con seis votos a favor y tres en contra, la subcomisión rechazó de plano la Denuncia Constitucional 474, presentada por el congresista Elías Varas. El caso atribuía a Boluarte presuntas infracciones constitucionales y los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento, a raíz del uso de relojes Rolex y joyas de lujo que habrían sido difundidos en reportajes periodísticos.

El informe de calificación concluyó que esos hechos ya habían sido evaluados en la Denuncia Constitucional 492, archivada en abril de 2025 y confirmada por la Comisión Permanente en mayo del mismo año. Por ello, se aplicó el reglamento del Congreso, que impide volver a presentar una denuncia archivada durante el mismo periodo anual de sesiones, salvo la existencia de nuevas pruebas.

Posteriormente, con nueve votos a favor y uno en contra, la subcomisión declaró improcedente la Denuncia Constitucional 599, presentada por la congresista Ruth Luque contra Dina Boluarte y el ministro Jorge Montero. La acusación cuestionaba el decreto supremo que reglamentó la Ley 32213 e incorporó cambios relacionados con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Según el informe, la emisión de una norma reglamentaria “no genera, por sí misma, responsabilidad constitucional” de los altos funcionarios que la suscriben o refrendan. Además, se recordó que el decreto fue derogado posteriormente y que no fue sometido a un proceso de control jurídico mediante acción popular.

Durante la sesión, la subcomisión también informó sobre el ingreso de nuevas denuncias constitucionales. Entre ellas figura una presentada por el congresista Héctor Acuña contra los ministros Durich Whittembury y Alejandro Sifuentes, así como otra formulada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el congresista Esdras Medina por presuntos delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, es el órgano encargado de evaluar las denuncias contra altos funcionarios del Estado. Las decisiones adoptadas forman parte del control político del Congreso y determinan si los casos continúan su trámite parlamentario o son archivados.