La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante el estallido social que inició en diciembre del 2022.
Dicho informe se refiere a la Denuncia Constitucional N.° 509 presentada por el exfiscal de la nación interino Juan Carlos Villena, el pasado 30 de julio, en la que señala a la jefa de Estado y a varios de sus ministros por la presunta comisión por omisión de los delitos de “homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, los cuales habrían tenido como saldo 44 fallecidos y 116 heridos.
La denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
El referido informe fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones. Los votos a favor fueron de María Acuña (APP), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Patricia Chirinos (Avanza País), Diego Bazán (Renovación Popular), Ariana Orué (Podemos), Flavio Cruz (Perú Libre), Américo Gonza (Perú Libre), Jorge Coayla (Juntos por el Perú - VP), Esdras Medina (Renovación Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), y José Jerí (Somos Perú).
Los votos en contra fueron de los congresistas de Fuerza Popular, Víctor Flores, Nilza Chacón, Martha Moyano, Luis Ventura; y de la parlamentaria Nelcy Heidinger (APP).
Dina Boluarte y los referidos exministros son señalados por la Fiscalía como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado, a título de comisión por omisión impropia en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, un joven de 19 años fallecido en Apurímas, y otras víctimas.
Además, por el delito de lesiones graves por omisión, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega, también de Apurímac, y lesiones leves por omisión en agravio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano, un joven de 23 años que habría sido herido por un proyectil de arma de fuego en el aeropuerto de Huancabamb
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