En los próximos días se definirá la situación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes fueron repuestos por el Poder Judicial tras ser destituidos e inhabilitados por el Congreso. La instancia encargada de la última respuesta es el Tribunal Constitucional (TC) que este 10 de julio dejó al voto la demanda competencial planteada por el Parlamento contra el ente judicial por reponer a los mencionados juristas.
La audiencia empezó con la deliberación y voto sobre el pedido de la JNJ para que se suspenda y se tenga una opinión técnica consultiva de la Comisión de Venecia, pero el requerimiento fue rechazado por unanimidad. Según el titular del TC, Francisco Morales Saravia, en los días siguientes se darán las razones de dicha decisión.
Fue así como empezaron a escuchar los alegatos de los representantes del Congreso y del PJ.
El abogado Aníbal Quiroga, quien también defendió a la exfiscal destituida Patricia Benavides, acudió en representación del Parlamento. Argumentó que la demanda competencial debe ser declarada “fundada en todos sus extremos”; y que estas controversias ya habían sido resueltas anteriormente por el TC, cuestionando que otra vez se recurra a la instancia “cada vez que el Poder Judicial da resoluciones írritas”.
“El TC debe sentar su palabra definitiva y no debe someterse a la corte suprema ni darle temporalidad sus resoluciones (...) Esta última entidad (Poder Judicial) no debió de pronunciarse en contra de lo establecido por el Congreso”, indicó.
Quiroga acusó a los jueces de la Primera Sala Constitucional de Lima de desconocer la sentencia emitida por el TC en 2023, que estableció que determinados actos parlamentarios no podían ser revisados en sede judicial.
Una de las preguntas de Morales fue que cómo quedarían los actos que ya están realizando Tello y Vásquez de acuerdo a sus competencias como integrantes de la JNJ, como ratificaciones, destituciones. En respuesta Quiroga señaló que todo lo que están haciendo ahora serán nulos.
“Si el TC declara que los actos son incompetentes los anulan con efecto retroactivo, por lo tanto todo lo que han hecho desde que fueron inhabilitados hasta el día en que el Tribunal sentencie serán nulos irreversiblemente, eso dice el Código Penal”, refutó Quiroga.
El abogado también recalcó que el TC debe “imponerse” ante el PJ y cerrar el tema de las competencias del ente judicial sobre las decisiones del Congreso.En representación del PJ, acudió el procurador Johnny Tupayachi quien argumentó su pedido de que se declare improcedente la demanda.
Prosiguió mencionando la sentencia del 2023, alegando que el TC habilitó a los jueces a revisar los actos parlamentarios si es que vulneran derechos fundamentales.
Tupayachi también sostuvo que el PJ no ha menoscabado las competencias del Congreso sobre sus facultades en sanciones políticas a altos funcionarios, como inhabilitación, suspensión, destitución; y que sólo protegió a los juristas porque se vulneraron sus derechos.
En esa línea los magistrados del TC, consultaron sobre el derecho vulnerado y tuvieron que reformular varias veces su pregunta porque consideraron que el procurador no respondía la interrogante. Sin embargo, Tupayachi aseveró que los presuntos derechos vulnerados son los del debido proceso y de la debida tipificación.
Mientras el TC dejaba al voto la demanda competencial, el Poder Judicial informaba que se admitió la apelación del Congreso, que impugnó la resolución, que ordenó la reposición de Vásquez e Inés Tello, será revisada por la Sala de la Corte Suprema.