El Gobierno anunció el pase al retiro de 1456 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), de los cuales 570 están implicados en actos de corrupción como: detención ilegal a ciudadanos sin denuncias oficiales e incluso falsificando documentos, cobro de sobornos a transportistas o negociantes y extorsión a pobladores.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sostuvo que la Inspectoría busca “activamente señales de corrupción” como parte del inicio de una ofensiva institucional para frenar la infiltración delictiva dentro de la PNP.
Asimismo, el ministro explicó que la decisión responde al aumento de faltas y delitos cometidos por policías, lo que profundiza la crisis de confianza en una ciudadanía ya golpeada por el incremento de asaltos, extorsiones y violencia.
DEPURACIÓN CON POLÍGRAFO. El Ejecutivo presentó el plan de integridad institucional de la PNP, que incluye pruebas de control y confiabilidad —entre ellas el polígrafo— para agentes en actividad y postulantes, así como la reorganización de oficinas disciplinarias y la creación de una Oficina Especial de Procedimiento Sumarísimo en Lima para acelerar sanciones graves.
La reforma contempla además la creación de una Oficina de Integridad Institucional, encargada de proteger a denunciantes y promover transparencia. El comandante general Óscar Arriola aseguró que la PNP “no tolerará actos de indisciplina” y respaldó el trabajo de los policías honestos.
La ofensiva llega en un contexto donde incluso se registran condenas contra personal policial. Este fin de semana, dos suboficiales fueron sentenciados a prisión por extorsión y uso de documentos falsos en Huaura.