El Poder Judicial inició este miércoles 26 de noviembre la lectura de sentencia contra Martín Vizcarra, en un proceso que marca un punto de quiebre en su futuro judicial y político. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional decidirá si el exmandatario es condenado por presuntos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador de Moquegua, en un caso impulsado por la Fiscalía del equipo especial Lava Jato, que solicita 15 años de prisión y una reparación civil superior a los S/4.6 millones.
La acusación fiscal sostiene que Vizcarra habría recibido S/ 2.3 millones en coimas de los consorcios liderados por Obrainsa e ICCGSA a cambio de asegurar las adjudicaciones de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Los hechos cobraron relevancia cuando exdirectivos se acogieron a colaboración eficaz en 2020, describiendo entregas de dinero en efectivo, en partes, mediante sobres y maletines, respaldadas por fechas, encuentros y declaraciones juradas. La jueza Fernanda Ayasta confirmó hechos no discutidos y señaló que no existen elementos que resten credibilidad a los testimonios de quienes admitieron pagos ilícitos.
Vizcarra, quien ya enfrentó prisión preventiva e inhabilitación política, niega todas las imputaciones y afirma que asiste “con la frente en alto”, rechazando cualquier posibilidad de fuga o asilo. Su defensa sostiene que la prueba fiscal carece de sustento y denuncia un trato desigual en la imputación penal, por lo que confía en obtener la absolución. La decisión del colegiado también determinará si, en caso de condena, corresponderá una ejecución inmediata.
Mientras tanto, simpatizantes del exmandatario se congregaron en los exteriores del Poder Judicial con banderas y polos de Perú Primero, en respaldo a Vizcarra. El expediente incluye pericias financieras, chats, correos, registros de llamadas y testimonios que describen entregas de dinero entre 2013 y 2016, con montos que —según la Fiscalía— habrían llegado directamente al entonces gobernador regional.
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