El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, cuestionó la inclusión de la firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, en la autógrafa de la Ley de Delegación de Facultades al Poder Ejecutivo. Por ello, solicitó al titular del Congreso, Miguel Torres, sustentar jurídicamente esa intervención y precisar las competencias de ambas cámaras.

A través del Oficio N.° 302-2026-2027-PCD/CD, fechado el 2 de noviembre de 2026, Reto expresó sus observaciones sobre la tramitación del documento y advirtió que incorporar una firma sin respaldo normativo podría comprometer su validez.

El legislador sostuvo que la Constitución y los reglamentos parlamentarios establecen que corresponde al presidente del Senado suscribir y remitir las autógrafas de ley al jefe de Estado para su promulgación.

Aunque reconoció que la Presidencia del Senado corrigió una observación anterior sobre la formalidad del documento, consideró que todavía existen dudas respecto a la participación de otras autoridades parlamentarias en este procedimiento.

En su oficio, Reto citó el artículo 105 de la Constitución, referido al procedimiento legislativo y a la participación del Senado en la aprobación o modificación de las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados.

También invocó el artículo 148 del Reglamento del Senado, que establece que su presidente debe enviar las autógrafas al jefe de Estado en un plazo máximo de 15 días hábiles. A ello sumó el literal f) del artículo 37, que reconoce entre sus atribuciones la facultad de firmar y remitir estos documentos.

A partir de estas disposiciones, el titular de Diputados sostuvo que la firma del presidente del Senado sería suficiente y que no existe una obligación normativa de incorporar la rúbrica de su vicepresidente.

Además, precisó que la autógrafa es el resultado de un procedimiento legislativo en el que participan ambas cámaras, por lo que debe considerarse un documento del Congreso y no exclusivamente del Senado.

Reto también invocó el artículo 45 de la Constitución, que establece que quienes ejercen el poder deben hacerlo dentro de los límites y responsabilidades fijados por el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, advirtió que las autoridades parlamentarias podrían asumir responsabilidades si actúan fuera de las competencias que les corresponden.

Por ello, pidió a Miguel Torres explicar el sustento legal de la firma de Muñante y establecer cómo deberán proceder ambas cámaras en la aprobación, suscripción y remisión de futuras autógrafas durante el periodo legislativo 2026-2031.